La historia jurisdiccional de México

Palabras preliminares, fisiología del tribunal.

Jurisdiccional es una palabra con una etimología sencilla; decir el derecho, o si se prefiere, enunciar la justicia. Los tribunales, en cualquiera de sus manifestaciones, son organismos diseñados precisamente para decir lo que es justo, en los clásicos términos de Ulpiano, de dar a cada quién lo que le corresponde. Sin embargo, un tribunal o un sistema de tribunales, es mucho más que eso; es una especie de consciencia social que, de manera retardada dicta y fija la moral colectiva; que establece cánones de interpretación de lo que está bien y de lo que debe ser evitado en una sociedad; es el vertedero final de las frustraciones colectivas y, al mismo tiempo, el sentido modélico de la comunidad. Un tribunal no sólo dicta justicia, también crea cánones sociales y con ello, genera y consolida los valores culturales.

Así, describir la historia de los tribunales en México, es también narrar la forma en que hemos modelado nuestra moral colectiva, labrado nuestros valores y entendido nuestras transformaciones. Un juzgado es un ente complejo. Por un lado, trabaja generalmente con visiones opuestas de la realidad; es decir, con dos visiones de los hechos que luchan, legal y civilizadamente, para imponerse y, por el otro, se fundamenta en mandatos legales que exceden las voluntades de las partes y también las del juzgador; del mismo modo, un tribunal es un agente de estabilidad y no pocas veces de conservadurismo, su fundamental es mantener vigente el sistema de normas que hacen posible la convivencia conforme a los valores tradicionales, o si se prefiere las reglas de dominación de un grupo pero también es un poderoso agente de transformación cuando se someten a su juicio reformas profundas a los valores, como el caso del derecho a la interrupción del embarazo, el matrimonio homosexual o la voluntad anticipada en la Ciudad de México; pero lo que un tribunal no puede dejar de ser es un agente de valores colectivos, por eso, su transformación está tan ligada a los cambios legislativos o como a los culturales y sociales.

Jornada primera. La Nueva España

América, antes de ser América, vivía ya a modo de fantasía en la mente de los occidentales; heredada desde los griegos y romanos, la tierra de más allá de las columnas de Hércules se aparecía en los imaginarios colectivos como el país de la posibilidad absoluta; la descripción dulcísima que hace Alfonso Reyes en los primeros párrafos de su Visión de Anáhuac, corresponde a ese anhelo de perfección que atrajo a los conquistadores a dejarlo todo por perseguir la quimera del nuevo y desconocido continente. Tampoco asombra, por lo tanto, que desde su concepción la occidentalización, o conquista si se prefiere, del continente recién hallado, fuera pensado como una operación jurídica, tanto que militar o religiosa. México nace de una astucia jurídica ideada por su conquistador, a la sazón escribano, con la finalidad de independizarse de su suegro, gobernador de Cuba y depender solo del Rey de España. Veracruz se funda como municipio, con acta fundacional y todas las peculiaridades, para dar paso, así al imperio de la Catedral y el Tribunal. En aquella época, en que todo parecía por hacerse, crear Ley era crear realidades.

Nueva España aparece jurídicamente como una extensión del derecho ibérico; de hecho florece como virreinato y no como colonia, es decir, como un reino más gobernado por un delegado del rey y no como un asentamiento mercantil con minusvalía jurídica o política; así, recibe también los dos grandes problemas del derecho medieval tanto español como occidental en general: dispersión legislativa y heterogeneidad de órganos. Aunque en fama pública, el Tribunal de la Inquisición acapara las miradas, en Nueva España rigieron gran cantidad de órganos de justicia. Caga estamento y gremio tuvieron sus normas y cada uno sus tribunales; los eclesiásticos y los militares, los mineros y los universitarios, los comerciantes y los indios. Digamos pues que, en general, los tribunales correspondían al nivel de poder que representaban, el Real y Supremo Consejo de Indias, la Real Audiencia, los tribunales de primera instancia: mayores, ordinarios y de casa y corte, los corregimientos, las gubernaturas y, ya próximo el siglo XIX, las intendencias y las subdelegaciones; por materia, los extraordinarios o especializados: la Acordada, el Tribunal de Indios, el de la Universidad y el del Protomedicato; también los creados por normas especiales para grupos y circunstancias peculiares: el de bienes de difuntos, la bula de la Santa Cruzada, el de visitas y residencias y el de recurso de fuerza. Desde luego, ante la carencia de códigos, invento que finalmente se impuso hasta el siglo XIX, cada tribunal creaba su norma y este maremágnum de disposiciones tampoco parecía conocer orden o concierto: ordenanzas, decretos, leyes, reglamentos, circulares, instrucciones, reales cédulas o provisiones que no pudieron ser organizadas sino hasta que, en 1680 se promulgó la Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias, la Recopilación de Indias para mayor simpleza, que, como apunta Soberanes Fernández, fue el único código aplicable a todas las colonias de América y Asia.

En el fondo, desde que las capitulaciones de Santa Fe, de 1492, estableció que era aplicable el derecho castellano en los territorios descubiertos por Colón y los que posteriormente se descubrieran y desde que en 1528, humeando todavía ruinas de algunas ciudades indígenas, se creara la Real Audiencia de México, dando primera vida a un orden legal occidental en el país, los tribunales, incluida la Inquisición, funcionaron como el mejor elemento de sometimiento y propagación de los valores occidentales; tal vez nunca como entonces, el tribunal gozó de tanta influencia y de tanto peso, pues sus sentencias fueron, tanto en materia de fe, como de comercio y organización política, el santo y seña de la nueva cultura. Los tribunales novohispanos se dedicaron a imponer y difundir los valores de occidente allanando el camino para la génesis de la nueva Nación, que se incubaría durante trescientos años.

Jornada segunda. Los tribunales decimonónicos.

Trescientos años de historia no podían olvidarse con facilidad; algunos historiadores, como O’Gorman, plantean que la colonia no termina por completo sino hasta reinstauración de la República, con Juárez, cuando triunfan finalmente los principios republicano, laico y federal; trescientos años pues, que han dejado su huella hasta nuestros días. Sin embargo, la Independencia es un movimiento de reacción contra el pasado y si persiste con violencia el ayer es porque los grupos conservadores se identificaban con aquel tiempo en que todo parecía más estable y que, según algunos, conciliaba los auténticos rasgos de nuestra cultura y naturaleza. Desde luego, ello impondría el hecho de que los tribunales, sus razonamientos, prácticas y sentencias, reflejaran esa lucha por la identidad que nos tomaría el primer siglo de nuestra vida independiente.

Un tribunal es, por su naturaleza, una entidad sumamente estable; se compone de dos partes en conflicto (una de ellas puede ser el Estado o la sociedad representada por algún agente público) y un juzgador, todo lo demás deviene accesorio y es materia de adaptación y economía; por ello, no encontraremos en la historia judicial de México, grandes saltos o notorios cambios de apariencia; las transformaciones principales ocurren al interior de la racionalidad del tribunal y en la forma que adoptan según el mandato constitucional en materia de representatividad o bien, de fundamentación ideológica.

Uno de los primeros aspectos en los que la nueva patria afirmaría su independencia, sería la creación de tribunales; en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814, Morelos creó el Supremo Tribunal de Justicia que se trasladaba según los avances de la guerra y se instaló finalmente en Ario de Rosales, ahora considerado cuna de la Suprema Corte; consumada la independencia, se mantuvieron vigentes algunas disposiciones de la Constitución de Cádiz, de 1812.

Los tribunales del México independiente materialmente se crean con la Constitución de 1824 y reflejan los dos vectores de la tensión cultural y política de su tiempo; por un lado buscan parecerse lo más posible al modelo de los tribunales establecidos por la constitución norteamericana de 1787, pero que no podían desligarse de los tres siglos de tradición judicial hispana que, a la larga se ha mantenido y ha dado carácter e identidad a nuestro sistema judicial. Con ella nace la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A diferencia de lo que sucede a partir de la Constitución de 1917, en el que el Poder Judicial se mantiene al margen, en la medida de lo posible, de la arena política, a fin de mantener su independencia e imparcialidad; en el siglo XIX, la Corte y en general los tribunales, fueron importantes actores políticos; de ahí que normas como las Leyes Constitucionales de la República, de 1836, daba derecho de iniciativa de ley a la Suprema Corte, denunciando el poder político que se le atribuía y que las Bases Orgánicas de 1843, establecieran el régimen de incompatibilidades con el cargo de Ministro de la Corte, lo que nos hace pensar que era común anteriormente que los miembros del Alto Tribunal, tuvieran además otros cargos políticos; llama la atención particularmente la restricción dispensable que establecía que los ministros no podían “tener comisión alguna sin permiso del Senado”, con lo que se les autorizaba el juego político e incluso se les alentaba a fin de obtener el favor de los senadores.

La Constitución de 1857, crea nuestro sistema de tribunales como hoy lo conocemos. El triunfo liberal y el carácter individualista de la Reforma, dejó huellas profundas en la identidad del sistema judicial con lo que la Corte y los tribunales, se instituyeron como defensores de los derechos del individuo y, sobre todo, como bastiones del hombre frente al poder del gobierno; de ahí que en la medida que el desarrollo constitucional pareció helarse bajo la sombra del dictador, es importante el avance en las materias civil y mercantil y mientras que la arquitectura constitucional parecía corresponder a la respiración de Porfirio Díaz, el Juicio de Amparo se consolidara y se asentara para siempre en nuestro derecho.

Fiel a su vocación valorativa, el sistema judicial de finales del siglo XIX, corresponde a una visión inmóvil de la realidad y devino incapaz de identificar los reclamos sociales y las transformaciones económicas; podríamos decir que el balance entre el aspecto renovador y el conservador que caracteriza a un tribunal sano, dejó de funcionar para convertirse en guardian de la dominación política de la élite de su tiempo.

Jornada tercera. Los tribunales de hoy

La Revolución social de 1910 que habría de subvertir todo el orden del antiguo régimen pareció tocar con menos vehemencia a los tribunales que a otros sectores del quehacer público de la República. No lo fue tanto. En realidad, aunque las formas se mantuvieron y, nunca se es lo demasiado insistente si hablamos de la natural estabilidad de los tribunales, las transformaciones en el sentido de la administración de justicia fueron muchas y de muy profundas consecuencias. Ante todo, porque aún cuando en ciertas etapas de la historia jurisdiccional de México el Poder Ejecutivo se impuso al Judicial, el hecho es que los tribunales se alejaron del modelo conservador y protector de élites para entrar en dos brechas sin retorno, la de la justicia social (sobre todo laboral y agraria y ahora de derechos humanos) y de la especialización técnica (concursos mercantiles, propiedad intelectual o telecomunicaciones).

La renovación de las normas sustantivas – aquellas que establecen los derechos de los sujetos y la sociedad – impactó el funcionamiento de los tribunales y sus normas adjetivas – aquellas que rigen los procedimientos -, y dio cierto carácter revolucionario a los razonamientos y sentencias de los tribunales, sobre todo en los primeros años de la postrevolución, en la que la Corte apareció como garante de las conquistas revolucionarias; conforme la reconstrucción fue ocupando los espacios del ardor guerrero, el asentamiento de la casta revolucionaria y los nuevos formatos de la política de partido, fue extendiéndose hacia los tribunales que se transformaron en agencias del poder público, limitando su independencia y apareciendo, a los ojos de la sociedad, como promotores de las políticas públicas y, al mismo tiempo, como escalas aceptables en el ascenso de los agentes políticos hacia la conquista del poder.

Sin embargo, el florecimiento del sistema de cuotas de poder extendido al poder judicial no dura lo suficiente para destruir la naturaleza de la independencia judicial que, a través de la profesionalización y va estableciendo límites y creando sistemas de protección frente a las ansias extensionistas del ejecutivo, particularmente en los años inmediatos a la Segunda Guerra Mundial y hasta la reforma judicial de 1986.

En los últimos años, como en la Revolución; dos son los caminos que el Poder Judicial ha transitado en su evolución; la reafirmación y conquista de su independencia y su profesionalización y especialización técnica. Por el lado de la independencia, el valor de la democracia, como parte consustancial del Estado de Derecho, ha permitido que los tribunales puedan mantener la prudente distancia que requieren del poder público, la principal señal de ello es la creación del Consejo de la Judicatura Federal; por el lado de la profesionalización técnica, las escuelas judiciales, las interpretaciones sobre la base de los derechos humanos y el conocimiento técnico avanzado de algunas ramas del Derecho, hacen cada vez más difícil la aparición del fantasma de la consigna en las resoluciones judiciales.

Si hay algún poder que deberá acentuar su esfuerzo de consolidación en los años por venir, ése es el poder judicial. Por una parte, deberá ahondar su conocimiento, dominio e internalización de los derechos humanos; por la otra, deberá aprender a tender puentes de comunicación con la sociedad que, en la medida que le permitan transparentarse, le permitan también no ser rehenes de la opinión pública; deberá aprender a dominar el monstruo de la impunidad y, sobre todo, a mantener su credibilidad que es, ante todo, su único capital político. Quinientos años de historia pues, se resumen en esta ruta hacia la independencia, la credibilidad y el dominio de la técnica.