Miércoles de Derecho de Autor: El trabajo Académico y el Derecho de Autor

Las universidades, desde la edad media, se constituyeron como el mecanismo idóneo para promover el progreso cultural y civilizatorio de los pueblos; a ellas han recurrido las naciones durante siglos para encontrar soluciones a sus problemas, para recuperar el rumbo perdido y para diseñar el futuro posible. La Universidad, por sí misma, es una garantía de que el mañana puede ser mejor que el presente y de que el pasado será más que nostalgia una fuente de enseñanzas.

En la mejor tradición universitaria de occidente, las universidades se componían por dos gremios distintos pero complementarios, el de los académicos — encargados de la docencia y la investigación —, y  el de los estudiantes que, además de aprender, constituían una auténtica fuerza social en las ciudades donde residían; en la actualidad, cuando el régimen gremial ha sido superado, las universidades son personas morales con personalidad jurídica y patrimonio propio y, en el caso de las universidades públicas, dotadas de autonomía respecto del poder del Estado. Los académicos, por su parte, son trabajadores sujetos a un régimen laboral especial, o bien prestadores de servicios independientes ligados a la institución a través de contratos de prestación de servicios; los nombramientos académicos en las universidades públicas pueden ser honoríficos o bien, consignar derechos laborales de acuerdo con las leyes orgánicas e instrumentos reglamentarios que regulan las relaciones entre académicos y las universidades.

En el fondo, el núcleo de la labor académica se encuentra en la generación de nuevo conocimiento y en la divulgación del ya existente; es natural entonces, que el trabajo académico traiga consigo la generación de derechos de autor; de acuerdo con las relaciones establecidas entre el académico y la universidad, dicha propiedad intelectual puede agruparse en dos especies particulares: la obra por encargo y la obra realizada bajo relación laboral.

A reserva de que cada institución universitaria puede presentar variaciones en la forma de regular sus relaciones con sus académicos y el producto de su trabajo, la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), establece derechos mínimos — irrenunciables — en materia de producción intelectual. Las universidades habitualmente comisionan obras a sus académicos con los fines más diversos, desde los ornamentales hasta los técnicos y comerciales y, desde luego, los puramente académicos; o bien, podemos conceptualizar a los académicos, como un grupo de personas asalariadas, bajo un régimen particular de relación laboral, dedicadas a la creación de obras intelectuales pero, en realidad, la mayor parte de las veces los académicos son trabajadores que en el curso de sus funciones normales desarrollan creaciones del espíritu.

Las disposiciones de la LFDA, establecen de normas jurídicas que establecen un marco para esas relaciones laborales y autorales; al mismo tiempo constituye normas para la solución de conflictos en torno a la naturaleza de obras creadas bajo condiciones de relación laboral. Desde luego, la LFDA no prejuzga sobre la naturaleza de las relaciones entre los académicos y las universidades, no es una disposición de carácter laboral, sino que más bien, establece el marco jurídico mínimo aplicable — mismo que puede ser ampliado por voluntad de las partes — respetando siempre los derechos inembargables, inalienables e imprescriptibles de los autores.

El artículo de la LFDA que regula las relaciones relativas a la obra hecha por encargo, es el 83:

Artículo 83.- Salvo pacto en contrario, la persona física o moral que comisione la producción de una obra o que la produzca con la colaboración remunerada de otras, gozará de la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la misma y le corresponderán las facultades relativas a la divulgación, integridad de la obra y de colección sobre este tipo de creaciones

La persona que participe en la realización de la obra, en forma remunerada, tendrá derecho a que se le mencione expresamente su calidad de autor, de artista intérprete o ejecutante sobre la parte o partes en cuya creación haya participado.

La finalidad de este artículo es establecer presunciones que suplan la voluntad de las partes, es decir, en caso de que el estatuto que rija a los académicos sea omiso en este aspecto deberá aplicarse éste artículo; ahora bien, las partes podrán pactar, a través de contratos o bien de normas internas derechos más amplios que los establecidos en el artículo, pero no pueden restringirlos. La obra por encargo se trata de una acto jurídico bilateral que no puede asimilarse a la relación laboral, toda vez que se trata de la comisión de instrucciones específicas y no de una relación de subordinación y obediencia debida como sucede con las relaciones laborales; más bien se trata de una prestación de servicios profesionales de carácter especial por la naturaleza del objeto material de la relación; es decir, no se trata de un servicio cualquiera sino de una obra que tiene todo un marco jurídico especial para protegerla.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas, define en su glosario la obra por encargo como:

Obra creada en cumplimiento de un acuerdo concertado entre el autor y la persona física o la entidad jurídica que confía al autor la realización de una obra definida, mediante abono de unos derechos de autor convenidos.

De ahí que existan dos sujetos en esta relación referida a los académicos y las universidades; por un parte, la universidad, persona moral que comisiona la obra y el académico o investigador, es decir, el autor. Esta obra no nace de la voluntad ni del impulso creativo del autor, sino del deseo o necesidad de otro que se expresa con certeza, claridad y validez jurídica. El autor pone a disposición de la universidad toda su habilidad, conocimiento y destreza para lograr la obra, objeto del acto jurídico de la comisión de creación de la obra; de ahí que el marco de libertad creativa del autor se encuentre limitado, pues no podrá generar una obra que no esté apegada a los márgenes manifestados en el encargo hecho, sea éste de manera escrita o simplemente consensual.

Esta forma y la obra hecha bajo relación laboral, son las únicas maneras en que las personas morales pueden ser titulares originarios de derechos patrimoniales de autor. Si bien los derechos morales, aquellos derivados de la relación personalísima entre el autor y su obra como el reconocimiento de su autoría, pertenecen por lo general al creador; los derechos patrimoniales, en el caso de la obra por encargo se presumen a favor de quien la comisiona; debe entenderse que una institución de educación superior puede renunciar a este derecho dejando en todo o en parte los derechos patrimoniales al autor de la obra pero, en tal caso y habida cuenta de la presunción legal mencionada, dicho reconocimiento deberá obrar por escrito para ser probado ante tribunales en caso de una controversia.

Aún los derechos morales en la obra creada por encargo tienen ciertas peculiaridades; en una obra hecha por iniciativa y con recursos del autor todos los derechos morales y patrimoniales corresponden al mismo; pero en la obra por encargo, las facultades relativas a la divulgación — el hecho de darla a conocer al público o mantenerla inédita indefinidamente —, de integridad y colección, pertenecen a la persona que comisión no la obra, pues está en su naturaleza ser el propietario de la obra con todos sus derechos; sin embargo, la imposibilidad material de que una persona moral sea autor material de una obra, el derecho de paternidad corresponde al autor de la misma, persona física, esto significa que en toda edición, publicación o comunicación de una obra, el nombre del creador, sea del todo o de parte de la misma, debe ser mencionado con tal carácter. Por otra parte, se trata de un acto jurídico oneroso, es decir, necesariamente debe haber un pago de por medio, toda vez que no se trata de una transmisión de derechos, sino de una creación hecha a favor de tercero.

La otra especie de obra hecha en el entorno académico es la creada bajo relación laboral. En este caso, el marco jurídico aplicable es distinto de la obra por encargo; si aquella se asimila al contrato de prestación de servicios profesionales de carácter civil y contractual, la obra realizada bajo relación laboral se rige por normas del Derecho del Trabajo. En sentido jurídico, la relación laboral se diferencia de la civil en que la legislación laboral es de orden público y de interés social, es decir, está bajo la tutela del estado y tiende a proteger al trabajador en las relaciones con el patrón, mientras que las relaciones civiles se entienden realizadas en un régimen de igualdad y libertad.

Para que exista obra hecha bajo relación laboral se requiere la pre existencia de una relación de trabajo; Mario de la Cueva describió las notas fundamentales que caracterizan a esta relación:

  1. El hecho constitutivo de la relación es la prestación de un trabajo subordinado;
  2. La prestación de trabajo, por el hecho de su iniciación, se desprende del acto o causa que le dio origen y provoca, por sí misma, la realización de los efectos que derivan de las normas de trabajo, esto es, deviene una fuerza productora de beneficios para el trabajador;
  3. La prestación del trabajo determina inevitablemente la aplicación del derecho del trabajo, porque se trata de un estatuto imperativo cuya vigencia y efectividad no dependen de la voluntad del trabajador y del patrono, sino exclusivamente, de la prestación del trabajo, y
  4. La prestación del trabajo crea una situación objetiva que no existe con anterioridad a la que se da el nombre de relación de trabajo: en el contrato, el nacimiento de los derechos y obligaciones de cada una de las partes depende del acuerdo de voluntades, mientras que en la relación de trabajo, iniciada la actividad del trabajador, se aplica automática e imperativamente el derecho objetivo: la prestación del trabajo proviene de la voluntad del trabajador, pero los efectos se producen del derecho objetivo.

Como se aprecia, la relación de trabajo no nace de un contrato ni de ningún otro documento cualquiera que fuera su denominación o forma — contrato, nombramiento o comisión, por ejemplo —, sino de una relación objetiva; si este principio general establece la existencia de una relación laboral, cuando entran en juego derechos de autor, deben considerarse otros marcos normativos que también son de orden público y de interés social; por un lado, si bien la relación laboral se presume y no es necesaria probarla por escrito, ello no sucede en la obra hecha bajo relación laboral, la concurrencia de los derechos de propiedad intelectual exigen la redacción de un contrato de trabajo de carácter individual; una vez más podemos decir que un nombramiento que acredita al trabajador como parte de la planta docente o de investigación, puede probar esta relación; la función de la prueba escrita es determinar la titularidad de los derechos patrimoniales de autor nacidos de la creación de la obra; de no existir pacto en contrario entre empleador y empleado, los derechos se dividen entre ellos por partes iguales.

Asimismo, derivado de la situación de subordinación que sustenta la relación laboral, corresponde al empleador la facultad absoluta de divulgar la obra o mantenerla en el inédito indefinidamente. Vale la pena recoger el texto legal correspondiente de la LFDA:

Artículo 84.- cuando se trate de una obra realizada como consecuencia de una relación laboral establecida a través de un contrato individual de trabajo que conste por escrito, a falta de pacto en contrario, se presumirá que los derechos patrimoniales se dividen por partes iguales entre empleador y empleado.

El empleador podrá divulgar la obra sin autorización del empleado, pero no al contrario. A falta de contrato individual de trabajo por escrito, los derechos patrimoniales corresponderán al empleado.

El empleador no dispone de los derechos morales de la obra, como sí sucede en el caso de la obra por encargo, pues la relación de trabajo se basa en situaciones objetivas de subordinación y servicios remunerados, pero no prejuzga sobre la calidad autoral del trabajador. Por otra parte, habida cuenta de que el trabajador ha devengado un salario por sus servicios, puede el contrato de trabajo determinar una proporción mayor de los derechos patrimoniales de autor a favor del patrón, incluso en su totalidad. A este género, corresponden las obras hechas como parte de las funciones normales de los académicos dedicados a la enseñanza y a la investigación de acuerdo con los estatutos legales de cada institución de que se trate.

En realidad son pocos los conflictos entre las universidades y sus académicos en materia de derechos de autor, ello no implica que el académico no deba conocer sus derechos y los de su institución para armonizarlos, a fin de cuentas, el uno sin la otra son prácticamente inexplicables.