Violencia y poder

Uno de los principales problemas de la vida política es la relación entre poder y violencia, entre ejercicio de la violencia como elemento constitutivo del poder y su relación con el sistema jurídico y la existencia de los ciudadanos.

Desde los primeros estudiosos del hecho político, a lo largo de los siglos se ha convertido en un elemento del imaginario colectivo sobre la política y el poder en Occidente, nuevas lecturas de autores contemporáneos ponen de relieve la tensión a que se somete la concepción de la violencia como parte del ejercicio político con la irrupción de ideas como los derechos humanos, el sistema jurídico y el ejercicio democrático.

La comprensión del fenómeno del poder resulta para Occidente casi una obsesión; la explicación tradicional sobre la naturaleza del poder y los márgenes de su ejercicio se perpetuó en el pensamiento occidental, tanto por la precisión de sus observaciones como por su capacidad dialéctica de explicar situaciones desde distintos marcos. Si bien esa manera típica influyó en ámbitos muy distintos, también es cierto que ese pensamiento enfrenta severas críticas desde los extremos más humanistas que identifican al individuo con su ámbito de derechos.

Hoy en día, la idea del criminal como enemigo se basa en el sentido de pensar que los ciudadanos están obligados a someterse al gobierno y, al mismo tiempo, de oponer resistencia a las amenazas contra sus vidas, de ahí que hay una contradicción en el hecho de que el gobierno pueda amenazar la vida de los ciudadanos que lo han creado; en realidad no hay más éxito que el de un gobierno que alcanza a asegurar el orden de los ciudadanos en la paz de las prácticas de convivencia; es decir, si el propio gobierno fabrica las condiciones de un conflicto o lo tolera debe ser su actuación en colaboración con los ciudadanos la única solución posible.

Para que la ley sea ley y no fuerza, quien obedezca habrá de hacerlo con el asentimiento de su voluntad. La necesidad de la participación ciudadana y de la democracia efectiva hace que la ley no sea, necesariamente, una fuente de legitimidad. Sin instrumentos democráticos, la ley se hace prevalecer siempre a la sombra de la amenaza de infligir dolor corporal, a ese extremo se puede reducir parte de la crisis de credibilidad y confianza que enfrenta el poder público en nuestro país hoy.  Una auténtica democracia hace que el poder no sea estático, sino que se presenta en un dinamismo que crea cadenas de poder que se enlazan unas con otras, particularmente en el sentido de la circulación del poder, pues quien hoy lo padece algún día podría ejercitarlo.

En una sociedad como la occidental en la que la violencia es parte de la vida institucional, la estabilización y dominio de la violencia depende de la capacidad del poder de asumir ejercicio sólo sobre el marco legal y constitucional, incluidas las amenazas de infligir dolor físico o administrar la muerte a instituciones policiacas que despersonalizan su ejercicio y evitan su atribución personal.

En el estado de violencia que una sociedad como la nuestra presenta, es necesario evitar el discurso jurídico, político e histórico en el cual la violencia se comprende como parte connatural del ejercicio del poder, pues, en realidad, es necesario dejar claro que ese ejercicio y el sustento del grupo que, sólo temporalmente, ejerce la fuerza legítima y material del poder se basa en una aspiración general de la paz y el derecho.

La violencia tiene una memoria larguísima, incómoda, a veces imperecedera. Hasta en tanto no sepamos, si es que eso llega a suceder algún día, quién y por qué han sucedido los hechos de violencia institucionalizada en nuestra historia reciente, el miedo y el resentimiento no podrán dejar de animar nuestras sospechas; grupos enemigos, violencia de Estado, descomposición y corrupción institucional, todas son posibilidades incómodas que no pueden ser descartadas. Mucho más allá del juicio de Ayotzinapa o Aguas Blancas, incluso Tlatelolco, que parece haber ya superado la prueba del paso a la historia y en el más alto grado posible el mito, es imposible no pensar cómo la violencia se traslada mediante los mecanismos de la venganza y las cuentas pendientes a través de las décadas, de las regiones y los individuos.

En este momento en que los historiadores, los científicos, los politólogos y los juristas, en su calidad de académicos, investigadores o juzgadores tratan de lograr la reconstrucción de los últimos momentos de la vida de quienes han caído en hechos violentos, nos preguntamos si la procuración de justicia podrá hacerlo en muchísimo menos que los años que algunos casos tienen que pasar para saber qué sucedió, porque el único remedio para la violencia es la justicia y el único camino para frenar sus consecuencias es la legalidad. Son estos retornos de la historia los que nos parecen más terribles en un ambiente de violencia, porque nos avisan con certidumbre que en la historia nunca quedan cuentas pendientes, que todas se ajustan con el tiempo y que sólo mediante la verdad —por dura y cruel que parezca—, puede alcanzarse la reconciliación y la paz, que sólo mediante la justicia en la ley —por incómoda o inconveniente que parezca—, puede construirse un futuro de paz y diálogo. Al final del día, la historia tiene siempre la última palabra.